El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas engañosas. Esta acción se enfoca en empresas que administran múltiples propiedades y que podrían estar violando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar conductas que induzcan a error a los consumidores, como publicidad fraudulenta o gestión irregular de alojamientos con licencia. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.
