Con este acuerdo, todos los MIR (Médico Interno Residente), que finalizan su formación en mayo de este año, quedarán incorporados a la Bolsa de Empleo a finales de este mes de abril, de modo que podrán optar, mediante un llamamiento único, a un nombramiento interino en el Servicio Madrileño de Salud, evitando la fuga de profesionales a otras CCAA y garantizando la apertura de las consultas que ahora están cerradas por falta de profesionales. No obstante, es necesario empezar a ejecutar las ampliaciones de plantilla de todas las categorías laborales, algo previsto con la puesta en marcha del Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria que, ya en septiembre de 2020, la Presidenta de la Comunidad de Madrid presentaba a los sindicatos, cuya dotación es de más de 80 millones en materia de RRHH.
Esta medida que hoy se pone en marcha para fidelizar a los residentes formados en la Comunidad de Madrid, no puede ser la única para mejorar los recursos humanos en AP. "Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL esperamos que se inicie la negociación del resto de medidas cuanto antes".
Al hilo del resto de asuntos tratados en la Mesa Sectorial, subrayan que la Administración ha comunicado su intención de abrir algunos centros de salud y SAR (Centros de Atención Rural) durante los fines de semana, desde el momento en el que exista posibilidad, para continuar el proceso de vacunación masiva, preparando la estrategia pertinente para que se pueda ejecutar en cuanto se disponga del número suficiente de vacunas.
La AP ha demostrado ser un eficaz muro de contención para el colapso de la sanidad madrileña durante esta epidemia, resaltando, además, la incesante labor de sus profesionales en los días de ola de frío. A pesar de ello, la Administración, lejos de mejorar la situación, ha motivado su desgaste y abandono, sin tener en cuenta la sobrecarga física y emocional que sufren sus trabajadores. CSIT UNIÓN PROFESIONAL, a través de su sindicato federado SIME, Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid, lleva años insistiendo en la urgente necesidad de poner en marcha un plan real y efectivo de mejora de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, para frenar el deterioro progresivo de las condiciones laborales que arrastran los trabajadores de este ámbito desde hace más de una década, algo que se ha acentuado con la crisis sanitaria por COVID-19. Hasta el momento, las medidas adoptadas para corregir el déficit estructural existente han sido totalmente insuficientes e incompletas, así como los cambios concernientes a las retribuciones: la CM padece una desigualdad crónica, en relación a las diferencias salariales de sus especialistas de AP, SUMMA 112 y Facultativos Especialistas de Atención Hospitalaria, respecto a otras comunidades autónomas (los salarios de los Facultativos Especialistas españoles mantienen una diferencia de más de 14.000 euros brutos al año, en función de la comunidad autónoma en la que ejerzan, sin tener en cuenta los complementos).
El pasado 23 de marzo, el TSJM emitía una sentencia que condenaba a la Comunidad de Madrid por incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y valoración de la carga de trabajo de los Médicos y Pediatras de los centros de salud con motivo de la COVID-19, al no dotar a estos profesionales de Atención Primaria de los medios y medidas de protección necesarios en sus centros de trabajo. Así, en cumplimiento de la sentencia, la CM ha de elaborar, de forma inmediata, un plan de prevención de riesgos laborales, con una evaluación de los mismos y valoración de los puestos de trabajo de estos profesionales, estableciendo una plantilla acorde y la cobertura de las vacantes (actualmente, existe un déficit de profesionales estimado entre un 20-25% para poder atender adecuadamente las necesidades de salud de los madrileños), además de fijar los cupos, es decir, el número máximo de pacientes a atender durante la jornada de trabajo y el tiempo de dedicación mínimo para cada uno.
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