La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha alertado de la desigualdad que existen en España en torno a las unidades de ictus, una enfermedad que supone la primera causa de muerte entre las mujeres y afecta a 70.000 personas cada año, y para la que estas unidades resultan “esenciales” al reducir hasta un 30% la dependencia de los pacientes.
“Me gustaría mirar el mapa de España y ver que hay unidades de ictus en todas las provincias. No puede haber una sola provincia donde no haya, al menos, una unidad, por pequeña que sea”, declaró el presidente de la sociedad de neurólogos, Exuperio Díez, en un acto celebrado en el Senado con motivo del Día del Ictus.
Actualmente existen 75 unidades repartidas por todo el país, pero su distribución sigue siendo desigual, especialmente en las regiones del sur como Andalucía o Extremadura. Además, pese a que la estrategia de ictus aprobada en 2008 recoge que los hospitales que atienden más de 200 casos al año deben contar con una de estas unidades especializadas, este punto no se cumple.
“Las unidades son el recurso más eficaz que tenemos contra el ictus y disminuye mucho tanto la mortalidad como las secuelas”, explicó la neuróloga Ana Morales, que denunció “diferencias en el grado de implementación” en los planes de ictus desarrollados por las comunidades autónomas.
La desigualdad llega a tal grado que, según reconoció en esta jornada el secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, los pacientes andaluces tenían en 2015 una probabilidad de morir de un ictus del 37 por ciento, mientras que la tasa de mortalidad en Madrid era de un 19,9. “Esa horquilla es la que hay que reducir”, dijo en declaraciones a la prensa tras participar en el acto.
No obstante, Blanco enfatizó en el hecho de que en los últimos cinco años se ha conseguido reducir en un 50 por ciento la mortalidad del ictus, que en el año 2017 se cobró la vida de 70.000 personas en España. Desde el Ministerio de Sanidad, dijo, “estamos haciendo un esfuerzo ímprobo por avanzar y llegar a un sistema de mayor cohesión y equidad”.
EL RIESGO: “NO DUELE”
Incluso la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona (PSOE), afeó en la apertura de las jornadas que “en nuestro país no cabe ignorar que existen diferencias de oportunidades”, ya que “no es lo mismo sufrir un ictus en el medio rural que en el entorno urbano; tan siquiera es lo mismo sufrirlo en el centro que en la periferia”, lo que implica “una de las muchas caras de la desigualdad que tenemos que combatir”.
Desde la asociación de pacientes Freno al Ictus, su presidente, Julio Agredano, alertó de que esta enfermedad, la primera causa de muerte entre las mujeres y la tercera entre los hombres, tiene el “problema de que, generalmente, no duele; atonta, pero no hay un dolor brutal”, por lo que “ante ciertos síntomas como que se te duerma un lado de la cara o no puedas levantar los brazos, la gente se va a la cama pensando que mañana será otro día”.
Sin embargo, el ictus, que es prevenible en un 90% de los casos si se trata a tiempo, es especialmente peligroso porque, si se compara con el infarto de miocardio, “como duele, la gente actúa y va al hospital", algo que muchos pacientes de ictus no hacen, multiplicando las posibilidades de secuelas y de fallecimiento.
Esta enfermedad, que es prevenible y tratable, como insistieron los neurólogos, le cuesta al Sistema Nacional de Salud alrededor de 2.000 millones de euros, y se espera que aumente con el progresivo envejecimiento de la población con una prevalencia que se incrementará un 35% en los próximos 15 años. Por tanto, los profesionales y pacientes reclaman a las comunidades autónomas a invertir en las unidades de ictus y a insistir en la prevención, sobre todo en las zonas del sur.
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