Así lo revela un informe elaborado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), el primero que analiza de esta forma el coste global de la contaminación procedente de los combustibles fósiles, considerando tanto los costes sanitarios adicionales como los días perdidos por baja por enfermedad o muerte prematura en relación a la demografía de cada país.
“La contaminación del aire es una amenaza a nuestra salud y a nuestra economía. Cada año, la contaminación generada por los combustibles fósiles se lleva millones de vidas e incrementa los riesgos de padecer ataques, cáncer de pulmón y asma, además de costarnos billones de dólares”, afirma Minwoo Son, responsable de la campaña Aire Limpio en Greenpeace Sudeste Asiático. “Pero es un problema que sabemos cómo resolver: evolucionando hacia fuentes renovables de energía, poniendo fin a los coches diésel y gasolina y fomentando el transporte público”, añade Son.
Entre los datos que expone el estudio, destaca que alrededor de 40.000 niños fallecen anualmente antes de cumplir los 5 años por la exposición a micropartículas (PM2.5) procedentes de los combustibles fósiles. Además, el dióxido de nitrógeno (NO2) procedente de los vehículos de combustión y las centrales eléctricas está vinculado a unos cuatro millones de nuevos casos de asma infantil cada año, con aproximadamente 16 millones de menores afectados por asma por la exposición a NO2.
Greenpeace resalta que acabar con los combustibles fósiles conllevaría importantes beneficios sanitarios y económicos: según un estudio publicado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cada dólar invertido bajo la Ley de Aire Limpio en dicho país generó al menos 30 dólares de beneficio. De forma similar, el “día sin coches” semanal de Bogotá (Colombia) registró entre 3,20 y 4,30 dólares en beneficios sanitarios por cada dólar invertido en el programa, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Urban Health (1).
Costes en España y la UE
Aunque la China continental, India y Estados Unidos sean las regiones que más costes asumen por su mala calidad del aire, los países de la Unión Europea no son en absoluto ajenos a los impactos derivados de la contaminación de los combustibles fósiles. El informe elaborado por Greenpeace y CREA estima en 398.000 las muertes prematuras en la UE vinculadas a enfermedades causadas por la quema de carbón y derivados del petróleo, como la gasolina o el diésel.
En el caso de España, el coste total de la contaminación causada por los combustibles fósiles se calcula en 23.631 millones de dólares anuales en el escenario más probable, lo que equivale al 1,68% del PIB nacional. Al igual que sucede en el cómputo global, se desglosan los costes derivados de la contaminación por micropartículas, ozono y dióxido de nitrógeno.
Los reiterados incumplimientos en los niveles máximos de este último contaminante, que procede fundamentalmente de los automóviles de combustión, han provocado que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2). España se enfrenta así a sanciones millonarias por la inacción de los sucesivos gobiernos para garantizar los valores de calidad del aire jurídicamente vinculantes desde 2010.
“Diez años después de la entrada en vigor de la directiva europea, España sigue incumpliendo los niveles máximos de NO2, poniendo así en riesgo hasta 35.000 vidas al año. Pese al enorme coste económico y social que tiene la contaminación, todavía hay administraciones que siguen promoviendo el uso de combustibles fósiles: incentivando el uso del coche en las ciudades, amparando la construcción de nuevos aeropuertos o retrasando el cierre de centrales térmicas, lo que pone en riesgo no solo nuestra salud, sino también la necesaria reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática”, asegura Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace.
La organización ecologista recuerda que los sectores del transporte y la generación de energía eléctrica son los principales causantes de la contaminación atmosférica y exige a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para limitar el uso de combustibles fósiles y evitar así que la población siga respirando un aire tóxico.