Así lo anunció Valerio durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados a la que acudió a la Diputación Permanente para pedir la convalidación del real decreto-ley en el que se articulan unos cambios contables para poder disponer ya de los mayores ingresos por cotizaciones sociales que se prevén obtener este año para pagar las pensiones, así como incrementar la transferencia del Estado a la Seguridad Social en 600 millones. La mayoría de grupos manifestaron su voto favorable, con lo que el decreto quedará convalidado.
La ministra precisó que, para afrontar la doble paga de las pensiones de diciembre, finalmente se extraerán del Fondo de Reserva menos recursos del máximo legal de 3.598,20 millones de euros. Así, señaló que se sacarán en torno a 2.900 millones, con lo que quedarán en dicho fondo unos 2.150 millones de euros al término del año.
Además de estos recursos, las pensiones de diciembre se financiarán con los ingresos por cotizaciones sociales, ante el crecimiento “de forma muy significativa” que están experimentando, según Valerio, en torno al 8%, por medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento de la base máxima de cotización o la cotización de los cuidadores no profesionales.
A ello se sumarán los 600 millones adicionales de transferencias del Estado, que se suman a los 1.331,9 millones previstos en el presupuesto prorrogado.
Valerio expuso que la situación de prórroga presupuestaria “ha impedido que los estados de gastos de los presupuestos de la Seguridad Social recojan los créditos suficientes”, dado el incremento en el importe de las pensiones, las prestaciones económicas y el aumento del número de beneficiaros.
La titular de Trabajo solicitó la convalidación del real decreto-ley para garantizar el pago de las pensiones “en tiempo y forma” y confió en que “cuanto antes” se pueda aprobar un nuevo presupuesto estatal, así como se retomen los trabajos tanto en el Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social “para dar tranquilidad y certidumbre sobre el presente y el futuro de nuestro sistema de pensiones”.
En el texto del decreto también se incluye un punto referido a “realizar determinadas mejoras técnicas” respecto de la aplicación del programa de apoyo para la organización en España de la Cumbre de Cambio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
OPOSICIÓN
Desde la oposición, el diputado del PP Mario Garcés comenzó haciendo referencia a la “hipótesis” que se maneja de separar Trabajo y Seguridad Social en el marco de las negociaciones del nuevo Gobierno para mostrar su rechazo por considerarlo un “error grave”.
Garcés afirmó que “las pensiones no están ahora mismo en cuestión, pero ante un estado de desaceleración eco creciente, todos los sistemas de abastecimiento financiero de la Seguridad Social se están viendo seriamente dañados” y criticó que el empleo “se está deteriorando” y “no se está tomando ninguna medida”, que el Fondo de Reserva “ya es insuficiente” y el 70% del desequilibrio financiero se debe al empleo que se destruyó en los primeros años de la crisis.
Hizo referencia al caso de los ERE de Andalucía para alinearse con Vox al decir que “hay equivalencia” entre los 680 millones de euros desviados por la Junta de Andalucía y los 600 millones de transferencias del Estado a la Seguridad Social.
Por su parte, Sergio del Campo, de Ciudadanos, realizó su última intervención como diputado de la formación y en ella pidió a la ministra que “hagan las reformas en el Sistema de pensiones que sean necesarias”.
“Todos sabemos que las pensiones se van a pagar y lo que tenemos que asegurar es que dichas pensiones se pueden pagar en cuantía suficiente, y la mejor manera es tener un Sistema saneado” y que los ajustes que se tengan que acometer recaigan sobre todas las capas de la población, consideró.
“Les animo a retomar el Pacto de Toledo”, dijo, y agregó interpelando a Valerio que, si no se consigue un acuerdo, “sean valientes” reformando.
Por parte de Unidas Podemos, Antonio Gómez-Reino señaló que el decreto es "sintomático" de las tensiones financieras del Sistema y que las pensiones no tienen que ser financieramente insostenibles por el envejecimiento, sino que “existe espacio para las decisiones políticas”. Propuso nuevas medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, destopar la base máxima de cotización, suprimir tarifas planas y reducciones y bonificaciones de cuotas para contratar y seguir luchando contra el fraude.
Desde las filas de Vox, José María Figaredo señaló que la medida debía haberse tramitado cuando las Cortes estaban en ejercicio y que los mayores gastos y beneficiarios se tenían que haber tenido previstos con antelación. Asimismo, lamentó que “estemos supliendo carencias de un real decreto con otro real decreto, colocándolo a escondidas”, en referencia al punto sobre la cumbre climática.
Por el PNV intervino Mikel Legarda para manifestar su apoyo al entender que en diciembre no habría “suficiente liquidez” de no aprobarse el real decreto, y por el Grupo Mixto, Laura Borràs anticipó que en el debate de investidura pedirán aprobar la subida de las pensiones de 2020 para que esté en vigor en enero, al no haberse incluido en este decreto.