Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pidieron este lunes en el Congreso de los Diputados ser sus propios representantes en los temas que les atañen y poder votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Además, plantearon a los parlamentarios reivindicaciones relacionadas con la participación social y política, el empleo y la justicia.
Participaron en un acto impulsado por el diputado de UPN Íñigo Alli en la Cámara Baja que contó con la colaboración de la Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid, entidades que desarrollan desde hace algunos años el proyecto ‘Yo también cuento’ para fomentar la autorepresentación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su participación en los espacios de toma de decisiones.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió que las conclusiones del debate se trasladasen “a todos los grupos” para, “entre todos”, seguir “avanzando en el reto de la igualdad” como recoge la Constitución española y, en concreto, para “eliminar barreras” y “superar diferencias en todos los ámbitos”, también “en los derechos políticos de las personas con discapacidad”.
También tomó la palabra Robert Martin, miembro del Comité que supervisa la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En su intervención, dijo que “siempre debe haber un sitio” para las personas con discapacidad en las mesas de decisión, y denunció que aunque España ha ratificado la convención de Naciones Unidas “hay un largo camino por recorrer y hacerla realidad" para las personas con discapacidad.
Martin reclamó el derecho a ser independiente y a vivir en la comunidad y lamentó que en “muchos países” se piense que la vida independiente “es sacarles de centros grandes y meterlos en pisos tutelados”. “Pero no lo es”, aseveró.
En representación de la Fundación Repsol, su vicepresidente, Ignacio Egea, destacó la importancia de capacitar a las personas con discapacidad para promover su portavocía y autorepresentación.
Por su parte, el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, amplió esa petición y revindicó que hay que “hay que tenerles siempre en nuestro horizonte y nuestro pensamiento” y recordó que el Parlamento representa a todos los ciudadanos.
Santiago López, presidente de Plena Inclusión, subrayó que las personas con discapacidad intelectual son “personas de pleno derecho”, aunque sea “muy complicado” ponerlo en práctica, y que quienes tendrían que defender sus propuestas en el Parlamento “son las personas con discapacidad”.
Cerró el acto el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, que insistió a los políticos y a la sociedad en que “hay una parte de la ciudadanía que quiere emerger”, en referencia a las personas con discapacidad intelectual, por lo que el asociacionismo que las representa tiene que tener un nivel de exigencia y crítica “más alto” para lograrlo, y que para ello también debe darse el “acompañamiento activo a los políticos”. “Hay que reparar la deuda histórica” hacia estas personas, dijo, porque además de “derecho a la felicidad”, también lo tienen para “perseguirlo”.
REIVINDICACIONES
Dos personas con discapacidad intelectual intelectual o del desarrollo en representación de asociaciones de distintas comunidades autónomas plantearon las reivindicaciones, agrupadas en ocho bloques temáticos. El primero en abordarse fue el derecho al voto y la participación electoral, defendido por Kiko y Virginia, de Plena Inclusión Madrid. “Más de 100.000 personas en toda España no pueden votar aún y están pendientes de lo que ustedes hagan para poder votar el año que viene”, dijeron, a la vez que reclamaron programas electorales “de lectura fácil” y que los políticos cuenten con ellos. “No sólo queremos votar, también queremos participar en la política”, aseveraron.
Una mesa compuesta por el presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Jordi Xuclà (PDeCat), Joan Ruiz i Carbonell (PSC), Ignacio Tremiño (PP), Diego Clemente (Ciudadanos), Teresa Arévalo (Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú–En Marea) e Iñigo Alli (UPN), se comprometió a trabajar para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar el próximo año en las elecciones autonómicas y municipales.
El siguiente turno fue para Mar y Daniel, también de Plena Inclusión Madrid, que reclamaron “apoyos suficientes” para vivir de manera independiente. El diputado Clemente aseguró que en Ciudadanos defienden que las personas tengan “plena libertad” en tener esa opción de vida, y que también habría que “mirar” cómo conjugar con la normativa la figura del asistente personal.
Jorge y Jesús, al igual que los anteriores de Plena Inclusión Madrid, plantearon el derecho al empleo, criticando que su colectivo es “el que menos trabajo tiene”, que muchas empresas incumplen la normativa para contratar un mínimo de personas con discapacidad y que cuando lo hacen les pagan unos sueldos “muy bajos” o se abusa de la figura del empleo especial.
El diputado socialista Joan Ruiz contestó que “la mejor manera de ser independiente es tener un trabajo digno” y lamentó que hayan pasado dos años desde que se aprobase por unanimidad una resolución que indicaba que había que cambiar las normas del trabajo de las personas con discapacidad sin que se haya avanzado.
INFORME SOBRE TRABAJO Y DISCAPACIDAD
“Desde el Grupo Socialista, ahora que gobernamos, vamos a solicitar al Ministerio de Trabajo que haga un informe que permita ver si hemos de revisar que las empresas de más de 50 trabajadores tengan un 2% de empleados con discapacidad”, anunció.
También denunció que hay empresas que “se están pasando” porque no se debe sustituir puestos de trabajo con personas con discapacidad que están desempeñando su labor en situaciones cercanas a la explotación. “A igualdad de trabajo igualdad de sueldo”, revindicó, añadiendo que “hay que actualizar la normativa”.
Miguel y Manolo, ambos de la citada organización madrileña, pidieron medidas para que las personas de apoyo que les acompañan accedan a los recintos culturales y de ocio de forma libre, petición que recogió Xuclà instando a los representantes de las políticas culturales y de la sociedad civil a emprender una “acción coordinada para decirles a los agentes culturales que tienen que hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad”.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Mónica, de Cantabria, y José Manuel, de Asturias, preguntaron a los diputados si mejorarán la educación en España y, en concreto, la educación inclusiva. Denunciaron los “muchos problemas” que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias para acceder a la educación normalizada y reclamaron que las escuelas estén “obligadas” a aceptar alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo. “No somos un estorbo”, protestaron.
La diputada Arévalo defendió que una educación que cuente con todas las personas “nos enriquece a todos” y recordó que Naciones Unidas ha dicho a España que “no está cumpliendo” con la educación inclusiva y señaló que en este país se confunden los términos “integración e inclusión”.
Cristina y Teresa, de la directiva de Plena Inclusión y en representación de Murcia, respectivamente, incluyeron en el debate la igualdad de género (también en el liderazgo político), la sexualidad y afectividad y la vida en pareja. Alli respondió animando a las mujeres con discapacidad a que tengan “generosidad” y den el paso a la política.
Victorio, de Navarra, y Antonio Hinojosa, de Plena Inclusión España, hablaron de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Dijeron que todas las personas con discapacidad intelectual “no son iguales” pues “más de 63.000 en toda España, además de su discapacidad intelectual, tienen otras dificultades de salud, de movilidad, de comunicación… y necesitan más apoyos que el resto”.
El diputado del PP Ignacio Tremiño puso en valor el papel de las organizaciones en lograr los avances legislativos y sociales que se han dado, pero reconoció que “es verdad que hay dos velocidades” en el ámbito de la discapacidad, y “es necesario” que las personas con discapacidad intelectual “vayan a la misma”.
JUSTICIA
El acto concluyó con las intervenciones de María, de Castilla-La Mancha, y Xabi, de Cataluña, para hablar de la capacidad jurídica y el acceso a la Justicia. Joan Ruiz calificó de “indigno” que los jueces no escuchen a estas personas y opinó que los políticos son “responsables” de que se de esa situación por no aplicar la Convención de la ONU para permitir “sustituir la figura del tutor por un traje a medida”. “No será fácil”, indicó.
La diputada Teresa Arévalo se ofreció a ser “correa de transmisión” de las demandas de las personas con discapacidad cuando el texto llegue a la Cámara. “Adaptar la legislación al artículo 19 de la Convención es garantizarles a las personas con discapacidad en nuestro país tener una vida que merezca la pena ser vivida”, dijo.
También reconoció que “queda mucho por hacer” Diego Clemente, porque considera que el sistema judicial “no es perfecto” y que la formación de los profesionales de la Justicia “no es completa” para atender debidamente a las personas con discapacidad.
Xuclà apeló a la “sensibilidad” además de la necesidad de reformas legales pero también a que haya legislatura con un periodo mínimo para emprender esas modificaciones normativas.