El impulso de la Tarjeta Social Universal es un mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Para su desarrollo el pasado mes de abril se constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto. En este sentido, el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuya junta de Gobierno del pasado 30 de enero aprobó por unanimidad el apoyo al apoyo al proyecto. Por otro lado, la Tarjeta Social Universal también está siendo analizada en una de las mesas de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.
El sistema de Tarjeta Social Universal incluirá todas las prestaciones de contenido económico gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Asimismo, se incorporarán las situaciones subjetivas de los beneficiarios, entre otras las familias numerosas, personas con discapacidad, la condición de trabajador autónomo o jóvenes inscritos en la garantía juvenil. De esta forma la Tarjeta Social Universal permitirá acreditar su situación antes las Administraciones Públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.
Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales un mapa de prestaciones y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones que requieren actuaciones públicas mejorando la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales. La Tarjeta Social Universal permitirá asimismo ampliar los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.