Imaginemos por un momento que la CUP modificase su criterio y optara por apoyar la investidura de Arturo Mas. ¿Cómo reaccionaría el Gobierno?, solo de pensarlo resulta estremecedor y más todavía cuando la mayoría de las españoles, en su fuero interno, se están maliciando que lo único pretendido por el presidente en funciones es salvar el pellejo ante las presuntas implicaciones de corrupción que le puedan afectar, como a otros miembros de su Gobierno de CDC , dado que si prosperase el secesionismo desaparecería la posibilidad de ser juzgados.
En línea similar, el portavoz de la CUP, Antonio Baños, para animar el cotarro, se permitió la licencia de anuncias que aunque no exista acuerdo sobre la investidura, su grupo promoverá legislar sobre el control de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria e incluso podrían provocar la anulación de las próximas elecciones generales en el caso de que el Parlamento catalán decidiese boicotear los citados comicios. No olvidemos que en estos momentos, el poder soberanista fácilmente podría sacar a la calle un millón de personas a la calle con el consiguiente riesgo de violencia dado lo tenso de la situación con las consiguientes repercusiones de destrozos urbanos y la creación de un irresistible ambiente que demandaría otro tipo de acciones por parte del Gobierno. La idea de seguir amenazando con la actuación del Tribunal Constitucional no parece amedrentar a los pro independentistas, tras haber anunciado que solo aceptan la voluntad del pueblo catalán.
Lo más triste e inquietante de este patético estado de cosas es que el Gobierno siempre va detrás de las iniciativas y decisiones tomadas por CDC y ERC para la proclamación de la independencia. ¿A que debemos esperar o que tiene que suceder para que el Gobierno cambie las declaraciones, buenas maneras y aspavientos por acciones concretas?
Para los soberanistas, todos los argumentos de Iceta (PSOE). Arrimadas (Ciudadanos) y García Albiol (PP), son papel mojado, ya que como han manifestado reiteradamente, lo que les ocupa y preocupa exclusivamente es la proclamación de la República Catalana. Cuando quede evidenciado que no aceptan la impugnación ante el T.C., el Gobierno, con todas las consecuencias, se verá obligado a imponer medidas más contundentes que además, es lo que respetuosamente está esperando la ciudadanía española para terminar y poner fin a tan vergonzante afrenta cargada de insultos e inmerecidas descalificaciones.
Mire don Mariano, su prudencia, educación y restantes cualidades ya han quedamos más que demostradas, pero lo ocurrido el lunes en el Parlamento autonómico quizá demande otros planteamientos más eficaces por parte de el poder ejecutivo que acaben con tanta coacción. Nadie desea la violencia si bien, en ciertas tesituras es necesario que el líder asuma riesgos tendentes a evitar una catástrofe histórica que solo pueden resolver la inteligencia y el poder de un Estado de Derecho.
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