El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, con el objetivo de revertir recortes anteriores y garantizar más derechos a las personas afectadas. Esta reforma elimina el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y el plazo suspensivo para cuidados familiares, ampliando el catálogo de servicios disponibles. Se reconoce la teleasistencia como un derecho universal y se establecen nuevos servicios, como asistencia personal y apoyo en vivienda. Además, se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros y se garantiza la accesibilidad universal. Este cambio legislativo busca promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de casi 2 millones de personas dependientes en España.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que busca reformar simultáneamente la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Esta iniciativa, presentada por el ministro Pablo Bustinduy, tiene como objetivo fundamental revertir los recortes previos y garantizar un mayor número de derechos para las personas en situación de dependencia y discapacidad.
Entre las principales medidas incluidas en esta reforma se destaca la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, así como la supresión del plazo suspensivo de dos años para acceder a las ayudas económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar. Además, se regulará la asistencia personal, se ampliará la ayuda a domicilio y se reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa, Bustinduy enfatizó que este cambio legislativo representa “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital”, promoviendo así el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal. El ministro subrayó que estas modificaciones no solo buscan revertir recortes sino también “blindar derechos” para evitar futuros recortes.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, actualmente hay casi 2 millones de personas que requieren atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante el mandato del Partido Popular, se estima que se recortaron más de 5.400 millones de euros en este sistema. En respuesta, desde 2020, el Gobierno ha incrementado significativamente las partidas destinadas al SAAD, alcanzando más de 783 millones de euros en 2023.
El nuevo texto legislativo no solo amplía los servicios disponibles, sino que también otorga nuevos derechos a las personas dependientes. Por ejemplo, se establece que serán ellas quienes decidan sobre las prestaciones y servicios que recibirán. Asimismo, se garantiza su derecho a permanecer en el entorno elegido y a recibir atención libre de sujeciones físicas o químicas.
En cuanto a los servicios adicionales, el anteproyecto incluye cuidados y apoyos en vivienda colaborativa, provisión temporal de productos que mejoren la autonomía y asistencia personalizada adaptada a las necesidades individuales. También se reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas dependientes que residan en sus hogares.
La reforma también aborda aspectos cruciales relacionados con la discapacidad. Se propone un desarrollo normativo del Artículo 49 de la Constitución Española para garantizar derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Esto permitirá exigir mejoras en edificios públicos y servicios mediante un nuevo Fondo Estatal destinado a financiar intervenciones necesarias.
Además, se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas destinadas a obras de accesibilidad en viviendas. También se prohibirá cualquier tipo de discriminación por parte de compañías aseguradoras hacia personas con discapacidad.
Finalmente, el anteproyecto contempla medidas relacionadas con tecnología e inteligencia artificial para eliminar sesgos discriminatorios y promover usos positivos que beneficien a este colectivo. Asimismo, pone énfasis en garantizar la salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad y fomentar el desarrollo infantil mediante servicios adecuados.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.837.818 | Número de personas que requieren atención por parte del SAAD |
| 5.406 millones de euros | Recortes realizados por el Partido Popular durante su gobierno |
| 150% | Incremento del porcentaje en las partidas destinadas a financiar el SAAD desde 2020 |
| Más de 783 millones de euros | Cantidad repartida entre los gobiernos autonómicos en 2023 |
Se están reformando la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad.
La reforma suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y elimina el plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
Se garantiza el derecho a la teleasistencia, a decidir sobre las prestaciones y servicios que recibe la persona dependiente, y a recibir atención sanitaria sin importar el lugar de residencia.
La reforma reconoce derechos fundamentales como la accesibilidad universal, prohibiendo la discriminación por discapacidad en seguros y facilitando ayudas para obras de accesibilidad en viviendas.
Se establece un derecho para que puedan recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional.
La reforma busca desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados más cercanos, promoviendo la autonomía personal y la participación en la comunidad.