La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. Esta acción se produce tras un requerimiento en junio para que la empresa proporcionara información sobre las viviendas anunciadas, detectando incumplimientos relacionados con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las infracciones podrían acarrear multas significativas, y el ministerio busca abordar prácticas irregulares en el sector de la vivienda, en un esfuerzo por mitigar la crisis habitacional en España.
La Dirección General de Consumo, bajo la supervisión del ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, ha decidido abrir un expediente sancionador contra una conocida plataforma de alquiler de pisos turísticos. Esta acción se produce tras reiteradas advertencias a la empresa sobre la necesidad urgente de eliminar miles de anuncios que promovían publicidad ilícita relacionada con propiedades turísticas.
El proceso se inició en junio, cuando la Dirección General envió un requerimiento de información a varias plataformas dedicadas al alquiler de alojamientos turísticos. El objetivo era obtener detalles sobre las viviendas anunciadas en sus sitios web. Posteriormente, se emitió un nuevo requerimiento instando a una de estas plataformas a retirar “de forma inminente” los anuncios que no cumplían con las normativas vigentes, como la falta del número de licencia correspondiente.
Después de varios meses sin que se tomaran medidas correctivas, la Dirección General ha procedido con el expediente sancionador por el incumplimiento detectado. Según la legislación vigente, estas infracciones pueden ser consideradas graves, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros, cifra que podría multiplicarse entre cuatro y seis veces en función del beneficio ilícito obtenido.
A pesar de esta apertura del expediente, desde la Dirección General aclaran que no prejuzga el resultado final del mismo. Durante la investigación, se identificaron anuncios de pisos turísticos comercializados en diversas comunidades autónomas, lo cual podría representar un riesgo para los intereses de consumidores y usuarios en general.
Los anuncios investigados podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Esto incluye la promoción de propiedades sin proporcionar información esencial como el número de licencia cuando es obligatorio.
La intervención del ministerio dirigido por Bustinduy también pone en relieve otros problemas dentro del sector inmobiliario. Recientemente, se anunció una investigación adicional hacia grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Este escrutinio abarca empresas que gestionan múltiples propiedades turísticas en diferentes regiones del país.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo tiene abierta otra investigación contra agencias inmobiliarias acusadas de llevar a cabo prácticas abusivas contra inquilinos. Estas incluyen exigir comisiones por gestión, firmar contratos temporales sin justificación o incluir cláusulas perjudiciales para los consumidores.
Todas estas acciones forman parte del compromiso manifestado por Pablo Bustinduy para abordar la crisis habitacional que afecta a España. El ministro ha declarado que “hay miles de familias que viven al límite en nuestro país debido a la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Además, enfatiza que “ninguna empresa en España, independientemente de su tamaño, puede estar por encima de la ley”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 100.000€ | Multa máxima por infracciones graves según la normativa. |
| 4 a 6 veces | Posible multiplicador del beneficio ilícito obtenido en caso de infracción. |
| miles | Anuncios de pisos turísticos que contenían publicidad ilícita y debían ser retirados. |
La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a la plataforma tras advertirle sobre la necesidad de retirar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita sobre pisos turísticos.
La investigación comenzó en junio, cuando se envió un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de alojamientos turísticos.
Se investiga si los anuncios incumplen el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, lo que podría incluir prácticas comerciales desleales, como no proporcionar el número de licencia necesario para operar.
Las prácticas mencionadas pueden ser calificadas como infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta 100.000€, o incluso más si se considera el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
El objetivo es contribuir a atajar la crisis de vivienda en España y asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley en sus operaciones comerciales.