El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas engañosas. Esta acción se enfoca en empresas que administran múltiples propiedades y que podrían estar violando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar conductas que induzcan a error a los consumidores, como publicidad fraudulenta o gestión irregular de alojamientos con licencia. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una nueva investigación enfocada en las empresas que gestionan pisos turísticos en diversas Comunidades Autónomas. Esta acción se produce en un contexto donde se sospecha que estas entidades podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales.
La Dirección General de Consumo ha puesto el foco sobre los conocidos como pisos turísticos, investigando específicamente a aquellas empresas que administran un gran número de estas propiedades. Las irregularidades que se están analizando incluyen posibles infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, así como prácticas engañosas que pueden afectar a los usuarios.
Según el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, se considera práctica engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o veraz que pueda inducir a error a los consumidores, alterando su comportamiento económico. Además, el Artículo 27 establece ejemplos concretos de lo que se considera engañoso, como dar una impresión falsa sobre la actividad empresarial o presentarse fraudulentamente como consumidor.
Esta nueva línea de investigación surge tras una anterior indagación iniciada en junio, donde se abordaron los anuncios publicados por plataformas de alojamiento sin licencia turística. La actual pesquisa se centra en aquellos pisos turísticos que, aunque cuenten con licencia, podrían estar siendo gestionados irregularmente por empresas intermediarias en distintas partes del país.
Aparte de esta investigación sobre pisos turísticos, el ministerio también está llevando a cabo indagaciones desde octubre sobre agencias inmobiliarias implicadas en prácticas abusivas contra inquilinos. Estas prácticas incluyen exigir comisiones por gestión del arrendamiento y firmar contratos temporales sin justificación adecuada.
Todas estas acciones responden al compromiso del ministro Pablo Bustinduy para abordar la crisis de vivienda en España, un problema que él mismo ha calificado como uno de los más graves del país. Bustinduy ha señalado que “hay miles de familias que viven al límite” debido a la situación habitacional, mientras unos pocos prosperan con modelos comerciales que expulsan a las personas de sus hogares. El ministro ha instado a todas las administraciones públicas a tomar medidas efectivas para enfrentar esta problemática.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una nueva línea de investigación sobre las empresas que administran pisos turísticos en distintas Comunidades Autónomas, centrándose en posibles prácticas comerciales desleales.
Las prácticas engañosas se definen como cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, alterando su comportamiento económico. Esto incluye afirmaciones fraudulentas sobre la actividad empresarial.
El objetivo es atajar la crisis de la vivienda en España y frenar la especulación en el sector, protegiendo a las familias que viven al límite debido a problemas relacionados con la vivienda.
Además de la investigación sobre pisos turísticos, se está investigando a diversas agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos, como cobro de comisiones injustificadas o imposición de cláusulas irregulares en contratos temporales.