El Gobierno de España y las comunidades autónomas han movilizado más de 2.000 millones de euros para transformar el modelo de cuidados a personas con dependencia, enfocándose en un modelo centrado en la vivienda y la comunidad. Este plan operativo, que se desarrollará hasta 2025, incluye 695 actuaciones destinadas a ofrecer cuidados personalizados en los hogares, evitar la institucionalización y garantizar el acceso a viviendas dignas. El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia del acceso a una vivienda como condición esencial para recibir cuidados dignos y fomentar la autonomía personal. Este esfuerzo busca revolucionar la atención a personas mayores, con discapacidad y otros grupos vulnerables, promoviendo su inclusión en entornos comunitarios.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha puesto en marcha un ambicioso plan operativo que busca transformar el modelo de cuidados para personas con dependencia, orientándolo hacia un enfoque más centrado en el hogar y la comunidad. Este esfuerzo está previsto para desarrollarse en 2025 y cuenta con una inversión que supera los 2.000 millones de euros, financiados por el Gobierno de España y doce comunidades autónomas.
El plan contempla un total de 695 actuaciones, con el objetivo de garantizar que los cuidados sean personalizados y se brinden en los hogares donde residen las personas dependientes. Esta iniciativa marca un cambio significativo en la atención, alejándose del modelo tradicional basado en grandes residencias hacia uno más adaptado a entornos comunitarios.
El ministro Pablo Bustinduy inaugurará este jueves un congreso sobre esta estrategia estatal, donde se presentará un estudio sobre la transición hacia cuidados personalizados y comunitarios. En este contexto, el plan busca ofrecer alternativas que eviten la institucionalización y promuevan el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental.
Entre las principales líneas estratégicas del plan se encuentran:
La elaboración del plan operativo ha sido resultado de un proceso participativo que involucra a varios ministerios y comunidades autónomas. Este enfoque colaborativo asegura que las políticas propuestas respondan adecuadamente a las realidades locales.
Pablo Bustinduy inaugurará el Congreso EDI (Congreso Estrategia de Desinstitucionalización) este jueves 12 de diciembre, donde expertos del sector debatirán sobre los procesos necesarios para implementar estos cambios. La clausura del evento contará con la intervención de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Inversión total | 2.053.100 euros |
| Número total de actuaciones | 695 |
| Actuaciones en prevención de la institucionalización | 233 (602,6 millones de euros) |
| Actuaciones en transformación de modelos de cuidado | 183 (687,2 millones de euros) |
| Actuaciones en servicios para la transición a la comunidad | 125 (584,3 millones de euros) |
| Actuaciones habilitadoras para la desinstitucionalización | 29 (47,9 millones de euros) |
El objetivo del plan operativo es transformar los cuidados a las personas con dependencia hacia un modelo más centrado en el domicilio y en la comunidad, ofreciendo cuidados personalizados en los hogares donde viven estas personas.
El plan operativo tiene una inversión superior a los 2.000 millones de euros, aportados por 12 gobiernos autonómicos y por el Gobierno de España, para llevar a cabo un total de 695 actuaciones.
Las medidas incluyen facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a servicios de proximidad, así como crear una red de viviendas de titularidad pública para inserción social.
A través de 125 actuaciones que buscan fomentar la participación activa en la toma de decisiones sobre sus vidas, incluyendo proyectos que involucran a personas con necesidades de apoyo y sus familias en la elaboración de planes individuales de atención.
Se propone revolucionar la formación y gestión del sector para ofrecer herramientas que permitan personalizar los cuidados e incluir a las personas en su comunidad, mejorando también las condiciones laborales del sector.
El acceso a una vivienda digna es considerado un derecho fundamental que permite desplegar otros derechos, como los cuidados dignos y la autonomía personal. Se busca garantizar condiciones que permitan a las personas con dependencia quedarse en su hogar o acceder a viviendas con apoyos comunitarios.