pablo bustinduy

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, con el objetivo de revertir recortes anteriores y garantizar más derechos a las personas afectadas. Esta reforma elimina el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y el plazo suspensivo para cuidados familiares, ampliando el catálogo de servicios disponibles. Se reconoce la teleasistencia como un derecho universal y se establecen nuevos servicios, como asistencia personal y apoyo en vivienda. Además, se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros y se garantiza la accesibilidad universal. Este cambio legislativo busca promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de casi 2 millones de personas dependientes en España.

El Gobierno de España ha presentado un plan para el despliegue de la Ley ELA, en una reunión entre los ministros de Derechos Sociales y Sanidad y representantes de ConELA. Este borrador incluye once medidas para mejorar la atención a personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), como la agilización del acceso al Sistema de Atención a la Dependencia y la formación específica para profesionales. El objetivo es coordinar esfuerzos con las comunidades autónomas y garantizar que los beneficios de esta ley se implementen rápidamente, mejorando así la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La primera fase del plan ya está en marcha, mientras que la segunda se activará tras la aprobación del reglamento correspondiente.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. Esta acción se produce tras un requerimiento en junio para que la empresa proporcionara información sobre las viviendas anunciadas, detectando incumplimientos relacionados con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las infracciones podrían acarrear multas significativas, y el ministerio busca abordar prácticas irregulares en el sector de la vivienda, en un esfuerzo por mitigar la crisis habitacional en España.

El Gobierno de España y las comunidades autónomas han movilizado más de 2.000 millones de euros para transformar el modelo de cuidados a personas con dependencia, enfocándose en un modelo centrado en la vivienda y la comunidad. Este plan operativo, que se desarrollará hasta 2025, incluye 695 actuaciones destinadas a ofrecer cuidados personalizados en los hogares, evitar la institucionalización y garantizar el acceso a viviendas dignas. El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia del acceso a una vivienda como condición esencial para recibir cuidados dignos y fomentar la autonomía personal. Este esfuerzo busca revolucionar la atención a personas mayores, con discapacidad y otros grupos vulnerables, promoviendo su inclusión en entornos comunitarios.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para discutir el acceso al empleo de personas con discapacidad y la reforma de la Ley de Dependencia. Durante el encuentro, Bustinduy reafirmó su compromiso con la inclusión laboral y destacó la importancia de las cláusulas sociales en los contratos públicos para facilitar la contratación de este colectivo. Además, se abordó la necesidad de reformar las leyes relacionadas con la discapacidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y derechos laborales. Este encuentro forma parte de una serie de iniciativas del ministerio para promover el empleo inclusivo y garantizar un mercado laboral accesible.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado el nuevo Real Decreto de comedores escolares que garantizará el consumo diario de frutas y verduras en las comidas y prohibirá las bebidas azucaradas. Esta medida busca abordar la obesidad infantil y la desigualdad alimentaria, especialmente entre familias de bajos ingresos. Según el estudio ALADINO, solo un tercio de las familias considera que la comida escolar es de calidad, a pesar de que casi la mitad del alumnado consume su comida principal en los comedores. El decreto también promoverá alimentos sostenibles y de calidad, alineándose con los estándares de la OMS. La iniciativa responde a la creciente preocupación por el exceso de peso infantil en España, donde un 36,1% de los niños presenta sobrepeso u obesidad.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que 65.000 familias en situación de vulnerabilidad ya han recibido tarjetas monedero para adquirir alimentos en supermercados. Este programa, que busca llegar a un total de 70.000 familias, es gestionado en colaboración con Cruz Roja y permite a las familias acceder a productos básicos sin tener que recurrir a comedores sociales. Las tarjetas se cargarán trimestralmente y su uso se extenderá hasta marzo de 2025. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para combatir la pobreza infantil y mejorar la dignidad de las familias en riesgo.