La reciente decisión del PSOE y Junts de transferir competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña ha generado un clima de inquietud en diversos sectores sociales. Desde Arcópoli, organización comprometida con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, se ha expresado una profunda preocupación ante este acuerdo.
El traspaso de estas competencias podría tener repercusiones significativas para las personas migrantes LGTBI+, quienes ya enfrentan múltiples desafíos en su búsqueda de protección y derechos. La organización advierte que esta medida podría poner en riesgo el acceso a servicios esenciales y a la atención adecuada que requieren estas comunidades vulnerables.
Preocupaciones sobre el impacto del acuerdo
Arcópoli señala que el contexto actual ya es complejo para las personas migrantes LGTBI+. Las barreras culturales, legales y sociales dificultan su integración y acceso a recursos básicos. Con el nuevo acuerdo, existe el temor de que estas dificultades se agudicen, especialmente si no se establecen protocolos claros que garanticen sus derechos.
Además, la organización hace un llamado a las autoridades para que prioricen la protección de los derechos humanos en cualquier proceso de descentralización. Es fundamental asegurar que las políticas migratorias sean inclusivas y respeten la diversidad sexual y de género.
Un llamado a la acción
Ante esta situación, Arcópoli insta a la sociedad civil y a los organismos gubernamentales a trabajar conjuntamente para salvaguardar los derechos de todas las personas migrantes, sin distinción. La defensa activa de estos derechos es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria.
La organización reafirma su compromiso con la lucha por la dignidad y los derechos humanos, solicitando una revisión exhaustiva del acuerdo entre PSOE y Junts para garantizar que no se vean perjudicadas las comunidades más vulnerables.
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