La justicia española considera el 'stealthing' como agresión sexual

En un caso que ha marcado un hito en la jurisprudencia española, una mujer denunció en Sevilla en 2017 a su pareja por haber retirado el preservativo sin su consentimiento durante un encuentro sexual. La víctima había exigido el uso del preservativo como condición para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, el acusado simuló que se lo ponía y mantuvo la relación sin protección. Este acto fue considerado un delito, resultando en una condena de tres años de prisión por abuso sexual y seis meses adicionales por lesiones, debido a la transmisión de una infección de transmisión sexual (ITS) a la víctima.

Este incidente no solo tuvo consecuencias penales para el agresor, sino que también sentó un importante precedente legal en España, consolidando la ilegalidad del stealthing y su consideración como un delito sexual.

Un fenómeno académico y social

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de sus Estudios de Derecho y Ciencia Política, ha liderado la discusión académica sobre este fenómeno. Recientemente, se abordó en una jornada titulada El consentimiento sexual a propósito del stealthing.

El término stealthing se refiere a la práctica de retirar el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona. Originario del inglés, el término deriva de stealth, que significa “sigilo” o “acción furtiva”. Esta práctica comenzó a ser discutida en ciertos círculos homosexuales en Estados Unidos, donde algunos grupos promovieron esta conducta con fines degradantes y misóginos, justificándola bajo la idea de un supuesto derecho a “difundir la propia semilla”. La abogada y activista Alexandra Brodsky popularizó este concepto entre los círculos académicos en 2017.

Reconocimiento legal y sus implicaciones

Desde su llegada a España en 2019, el stealthing ha sido reconocido como una forma de agresión contra la libertad sexual. Una sentencia pionera del Tribunal Supremo (TS) en junio de 2023 estableció un precedente significativo al reforzar la importancia del consentimiento en los delitos sexuales. Aunque no existe una tipificación específica para esta práctica, los tribunales españoles pueden juzgarla como abuso o agresión sexual, con penas que oscilan entre uno y doce años.

"El stealthing supone una variación sustancial del tipo de relación consentida inicialmente", explica Oriol Martínez Sanromà, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. "No solo es una agresión física, sino también una violación de la libertad sexual y la autonomía personal".

Puntos clave sobre la jurisprudencia reciente

Aunque aún es prematuro hablar de una jurisprudencia consolidada, la sentencia de 2023 es crucial por dos razones fundamentales. Primero, establece que el stealthing constituye un delito de agresión sexual, dado que implica un cambio significativo respecto al consentimiento inicial. Segundo, aclara que los llamados "errores en los motivos", como consentir relaciones basadas en creencias o afinidades personales, no son relevantes para el derecho penal.

A través de esta reciente decisión judicial, España reafirma que el stealthing, tal como ocurrió en el caso sevillano de 2017 donde un hombre fue condenado por abuso y lesiones tras transmitir una ITS por retirar el preservativo sin consentimiento, es considerado una clara forma de agresión sexual.

A medida que avanza el debate sobre este tema, queda claro que hay un consenso creciente sobre la necesidad urgente de reconocer y sancionar adecuadamente prácticas como el stealthing. Según Martínez Sanromà: "Con o sin reforma legislativa reciente, era posible llegar a esta misma conclusión desde antes".

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